El 1 de febrero de 2021, el ejército de Myanmar, conocido como Tatmadaw, dio un golpe de Estado y depuso al gobierno civil electo, arrestando a la líder de facto Aung San Suu Kyi y a otros altos cargos de la Liga Nacional para la Democracia (NLD). Desde entonces, Suu Kyi, ganadora del Nobel de la Paz, ha permanecido en prisión bajo múltiples cargos políticos, y en 2023 se le impuso una sentencia de decenas de años en cárceles controladas por la junta, en procesos fuertemente criticados por organismos internacionales como motivados políticamente y sin garantías judiciales.

Las primeras protestas tras el golpe fueron multitudinarias y pacíficas, protagonizadas por estudiantes, trabajadores y profesionales que exigían el retorno de la democracia. Sin embargo, la respuesta militar fue extremadamente violenta. La represión sistemática incluyó disparos letales, torturas, detenciones arbitrarias y ejecuciones sumarias. Grupos como la Assistance Association for Political Prisoners estiman que miles de personas han sido asesinadas desde el golpe, con decenas de miles de arrestos y miles de civiles muertos por violencia directa, bombardeos y ataques aéreos. Datos de mayo de 2025 indicaron al menos 6 764 personas asesinadas por la junta y más de 29 000 detenidas, aunque los analistas creen que las cifras reales son aún mayores y siguen aumentando.

Además, se han documentado miles de muertes bajo custodia, torturas y condiciones inhumanas en prisión, que incluyen negación de atención médica y violencia contra detenidos políticos y civiles. La enorme crisis humanitaria ha desplazado internamente a más de 3,5 millones de personas y ha generado enormes necesidades de ayuda, mientras que ataques aéreos y bombardeos han devastado regiones enteras del país.

Tras cinco años de conflicto, el control territorial dentro de Myanmar está fragmentado. Según informes recientes, la junta militar controla aproximadamente un 20–21 % del territorio, mientras que las fuerzas rebeldes, incluidas milicias pro-democracia y grupos armados étnicos, mantienen el control de grandes áreas, especialmente en regiones fronterizas y rurales del norte y este. En diciembre de 2025 y enero de 2026 la junta organizó unas elecciones ampliamente condenadas como ilegítimas, en las que su partido aliado aseguró la mayoría de los escaños en un parlamento dominado por el aparato militar, profundizando así su dominio político pese a la guerra civil.

En el plano internacional, el golpe y la represión sostenida han provocado un creciente aislamiento del régimen militar, reflejado en sanciones impuestas por Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y otros actores en respuesta a las graves violaciones de derechos humanos y la violencia indiscriminada contra la población civil. Estas sanciones incluyen la inclusión en listas de activos inmovilizados y prohibiciones de viajar para altos mandos militares y entidades vinculadas al Tatmadaw, así como embargos de armas y restricciones contra empresas bajo control del ejército, y han sido renovadas de forma recurrente ante la persistencia de la crisis en Myanmar.

En medio de esta presión internacional, Timor-Leste , el miembro más reciente de la ASEAN, ha tomado un paso sin precedentes dentro del bloque regional. A principios de 2026, autoridades judiciales timoresas abrieron procedimientos legales en Dili contra la junta militar de Myanmar y su jefe Min Aung Hlaing por presuntos crímenes de guerra y delitos contra la humanidad, en un caso presentado bajo el principio de jurisdicción universal por una organización de derechos humanos étnica la Chin Human Rights Organisation. Esta acción marca la primera vez que un país de la ASEAN inicia un proceso judicial contra un estado miembro por abusos tan graves, señalando un enfoque más activo hacia la rendición de cuentas por atrocidades cometidas en Myanmar.

Los últimos cinco años en Myanmar no solo han sido una lucha política, sino una guerra civil compleja y multifacética, marcada por atrocidades, desplazamientos masivos y una sociedad profundamente fragmentada. A pesar de ello, la resistencia civil y armada persiste, enfrentando a una junta militar que sigue luchando por consolidar su poder en un país en ruinas.