Elaborado por Maximiliano López, Alumno de Servicio Social del PUEAA
El 20 de septiembre de 2020, el gobierno local desalojó por la fuerza a los indígenas de Besipae, demoliendo sus casas, y privatizando el territorio. Los indígenas Besipae, en Indonesia, sufren de condiciones de pobreza y falta de vivienda debido a un proyecto del gobierno para “mapear” el territorio en conflicto de propiedad, problema en Indonesia desde mediados de los 80.
Desde su independencia, en agosto de 1945, Indonesia ha luchado por definir claramente sus límites geográficos regionales y resolver disputas por reclamos de tierras. Indonesia está plagada de conflictos por el uso de la tierra y el número de incidentes sólo está creciendo (KPA, 2016).
Después de que las fuerzas de seguridad dispararan gases lacrimógenos y demolieran sus casas el 20 de septiembre en un intento de expulsarlos de las tierras en disputa, los miembros de la comunidad indígena indonesia antes mencionados prometieron permanecer intactos. Daud Selan, miembro de la comunidad indígena Besipae en la región centro-sur de Timor Oriental, en Nusa Tenggara Oriental, dijo que hay más de 50 personas, algunas de las cuales son niños, durmiendo bajo los árboles. "Prometemos quedarnos allí hasta que se resuelva el problema de la tierra", dijo a UCA News. “No nos rendiremos, preferimos morir antes que dejar nuestra tierra”. El hombre Besipae comentó que además de destruir sus casas, policías y soldados también lanzaron gases lacrimógenos contra quienes resistieron el intento de desalojo.
Esta medida es parte de una serie de esfuerzos del gobierno local para expulsar a los residentes de la tierra, que se planea desarrollar para la ganadería. Cuando el gobernador provincial Victor Bungtilu Laiskodat intentó hablar con los residentes en mayo, realizaron una manifestación durante la cual algunas mujeres se desnudaron frente a él en protesta. Selan dijo que 37 casas fueron destruidas en el desalojo del 18 de agosto y que podrían ser arrasadas. La propiedad de la tierra se ha disputado desde 1982 cuando se convirtió en un rancho ganadero, parte de una asociación entre las autoridades provinciales y el gobierno australiano.
Según el Foro Indonesio para el Medio Ambiente, los pueblos indígenas afirmaron que más de la mitad del total de 6.000 hectáreas de la tierra del rancho era de ellos. Más tarde se mudaron para ocupar la tierra cuando el acuerdo entre las autoridades locales y los australianos terminó en 1987. Selan dijo que los representantes de la comunidad habían buscado la ayuda de grupos de derechos humanos en Yakarta, incluida la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sin embargo, en 2012, el gobierno central emitió en secreto un certificado de título de propiedad de 3.780 hectáreas al gobierno provincial. Ahora no estamos seguros de qué parte de la tierra nos pertenece. Tenemos hijos y nietos que dependen de esta propiedad”, dijo.
Las autoridades locales insistieron en que la tierra les pertenecía, diciendo que los líderes de la comunidad indígena entregaron la tierra en 1985. Según el portavoz Marius Ardu Jelamu, la acción policial y militar del 18 de agosto tenía como objetivo obligar a los residentes a aceptar ser reubicados. “Siempre han bloqueado los intentos de las autoridades de sacarlos, por lo que esta vez se utilizó un enfoque más duro'', dijo. Dijo que se ha reservado un sitio alternativo donde las familias pueden construir nuevas casas. Rukka Sibolinggi, secretaria general de la Alianza de Pueblos Indígenas del Archipiélago, dijo que el intento de desalojo tuvo algo de ironía porque ocurrió el día después del Día de la Independencia, durante el cual el presidente Joko Widodo vistió un traje tradicional usado por los indígenas del distrito.
No se ve en un futuro cercano que el gobierno central como el local respeten en absoluto los derechos de los pueblos indígenas. La reorganización política y el cambio de prioridades administrativas han servido para promover estas disputas por la tierra. Cada administración política, desde Sukarno hasta el período actual de la Reforma, ha dejado su huella en forma de políticas y estrategias de desarrollo destinadas a organizar la sociedad indonesia y promover el crecimiento económico.
Varias organizaciones civiles en defensa de los derechos indígenas, critican al gobierno por falta de transparencia en el proyecto, encarcelamientos a líderes de dichos movimientos, desplazamientos forzados, entre otras formas de represión. Los intereses de las compañías de aceite de palma están en juego: estas cabildean con el gobierno local para facilitar las condiciones que permitan su fácil y pronta expansión. No está de más señalar, que los pueblos indígenas siempre son derrotados en lo que respecta a las relaciones con los inversores.
Fuentes
Astuti, R., & McGregor, A. (2015). Responding to the green economy: how REDD+ and the One Map Initiative are transforming forest governance in Indonesia. Third World Quarterly, 36(12), 2273-2293
Kyem, P.A. (2004). Of intractable conflicts and participatory GIS applications: The search for consensus amidst competing claims and institutional demands. Annals of the Association of American Geographers, 94(1): 37-57.
Washington, Jessica, Syarina Hasibuan, y Eliazar Ballo. AlJazeera. (2020). En línea (último acceso: 29 de Septiembre de 2020).