A lo largo de su historia, Japón ha tenido que visualizar su perspectiva de seguridad nacional a partir de dos elementos: por una parte, la seguridad en términos estratégicos militares para el aseguramiento de su territorio y, por otra parte, en términos económicos para el aseguramiento de sus recursos. Este vínculo entre lo militar y lo económico se ha debido, en gran parte, a las características geográficas del país, ya que su reducido territorio ha implicado una escasez de recursos que conlleva a una fuerte dependencia de recursos y mercados externos para proveer la suficiencia que carece en su propio territorio.
Además de ello, desde su apertura respecto a Occidente y su desarrollo hasta convertirse en potencia a nivel internacional, su proyecto nacional ha estado fincado a su desarrollo económico, por lo cual esta esfera siempre se ha situado como prioridad. Es por ello que la seguridad alimentaria se sitúa como concepto clave para el país, el cual fue desarrollado a partir de la década de los setenta con la denominada crisis mundial de alimentos, el cual ha sido uno de los principales ejes de la política japonesa debido a su importancia para la supervivencia de su población y su vulnerabilidad debido a sus propias condiciones como Estado[1].
Como señalan datos recientes[2], la tasa de abastecimiento alimenticio de Japón en 2018 fue de apenas el 37%, por lo cual su particular necesidad de aseguramiento de recursos lo coloca como el primer importador neto de alimentos. En ello, como se verá más adelante, la seguridad de dichos recursos se ha fincado en gran medida de sus relaciones con Occidente, por lo cual el contexto internacional se ubica como un factor prioritario dentro del proyecto político y económico japonés.